Creo que la batalla por la eliminación o reducción sustancial del impuesto sobre residuos (TARI) que nuestros compatriotas están obligados a pagar por los bienes inmuebles en Italia debe ser un objetivo prioritario de la actividad parlamentaria de los elegidos en el extranjero. De hecho, cuestioné al Ministerio de Economía y Finanzas sobre lo que siempre he considerado una tributación injusta e injustificada sobre las viviendas de los emigrantes.

En mi interrogación (4-00557) le indicaba al Gobierno que para nuestros compatriotas que tienen que pagar el impuesto a pesar de que no producen residuos (o producen una cantidad insignificante dado que viven en el exterior) estamos ante un fuerte impuesto que concretamente representa un verdadero acoso fiscal contra quienes, con muchos sacrificios, siguen manteniendo un vínculo importante con su tierra de origen.

De hecho, es bien sabido que las casas propiedad en Italia de los italianos residentes en el extranjero generan una importante inducción económica y en muchos pequeños municipios ayudan a contrarrestar los fenómenos generalizados de deterioro arquitectónico y abandono de edificios. También señalé que hay muchas sentencias, incluso recientes, de tribunales y comisiones tributarias italianas que han establecido que las normas municipales que rigen el TARI deben respetar el principio de proporcionalidad evitando la imposición de impuestos a los ciudadanos no residentes no vinculados a la producción de residuos.

También recordé que en el pasado incluso el Consejo de Estado, sección quinta, con la sentencia 4223/2017, había sostenido que el principio de proporcionalidad, que debe cumplir la discrecionalidad administrativa en la identificación de las tarifas, lleva a considerar un criterio ilegítimo de determinación, eso resulta “más gravoso para las viviendas de los no residentes que las de los que residen habitualmente en el municipio”. En definitiva, no deben ser nuestros compatriotas quienes financien los costes relativos a la recogida y eliminación de los residuos urbanos producidos por los vecinos.

En este contexto, debe recordarse que se prevé, sin embargo, un pago reducido de dos tercios para una pequeña minoría, es decir, para las personas físicas residentes en el extranjero que son pensionados  en virtud de un acuerdo internacional con Italia y, paradójicamente, ha creado por lo tanto una disparidad fiscal  entre los que son jubilados y todos los demás que no lo son.

Por tanto, pedí al Gobierno, dado que los ciudadanos que residen en el extranjero soportan costes que claramente no guardan proporción con los volúmenes o la naturaleza de los residuos que pueden producir, también en virtud del principio de “quien contamina paga”, introducida por la Directiva comunitaria 2004/35/CE sobre responsabilidad ambiental, si no se considera correcto y apropiado intervenir con un acto legislativo que comprometa y obligue a los municipios a eliminar o reducir sustancialmente el impuesto TARI sobre residuos actualmente impuesto a los ciudadanos italianos residentes en el extranjero,  propietarios de inmuebles en Italia.