Es evidente que pagar impuestos es un deber cívico y legal, que la inscripción en el Aire (Registro de los italianos residentes en el extranjero) es un derecho-deber para todos aquellos que residen permanentemente en el extranjero y tienen su residencia habitual. La residencia en el extranjero es igualmente obvia y obligatoria (a pesar de las ambigüedades de la ley fundacional que exige el registro dentro de los 90 días siguientes al traslado de la residencia pero también exige la “intención” de vivir en el extranjero durante más de un año, como si cualquiera que fuera a buscar un futuro en el extranjero ya conoce el momento de su destino).

También resulta vejatorio y chantajista utilizar el registro en el Aire como instrumento de control y presión tributaria. Y esto es exactamente lo que está sucediendo tras las disposiciones introducidas por este Gobierno en la Ley de Presupuestos para 2024 que prevén el endurecimiento de las sanciones económicas por el incumplimiento de las obligaciones en materia de datos personales y, en particular, en lo que respecta a los emigrantes, en caso de infracciones en caso de traslado de residencia al extranjero. De hecho, el apartado 242 del artículo 1 del presupuesto prevé un aumento de la multa administrativa, que de unas pocas decenas de euros pasa a ser de entre 200 y 1.000 euros por cada año en que la omisión persista durante un máximo de cinco años y es decir, 5.000 euros.

Cualquiera que viaje al extranjero y esté obligado a registrarse en el Aire y no lo haga o lo haga tarde, ahora corre el riesgo de recibir fuertes multas.

También existe la obligación de que las administraciones públicas comuniquen al Ayuntamiento la inscripción registral y a la oficina consular competente en el caso de que en el ejercicio de sus funciones adquieran elementos pertinentes tales como indicar una residencia de facto en el extranjero del ciudadano italiano como así que el Municipio comunique a la Agencia Tributaria, por razones de control fiscal, las altas y bajas oficiales en el registro de italianos en el extranjero.

¿Qué hay detrás de esta decisión y de estas medidas repentinas y drásticas? ¿El deseo de legalidad o algo más?

El motivo prácticamente nos “explica” en la exposición de motivos de la disposición que al respecto señala: “La sanción por la violación de las obligaciones declaradas de residencia en el extranjero tiene como objetivo contrarrestar la conducta de quienes ilegítimamente mantienen inscripción en el registro de población”. residente en Italia para disfrutar de las prestaciones correspondientes (exención del IMU y registro en el servicio nacional de salud)”.

La norma, por tanto, según este Gobierno, tendría potenciales efectos beneficiosos para las finanzas públicas estatales (la referencia es a la cancelación de los no elegibles del Servicio Nacional de Salud) y locales (la referencia es a la pérdida de la exención del IMU en el primera vivienda y pago de las mayores sanciones ahora previstas que irían al presupuesto municipal). Todo ello con la esperada “supresión” que ahora tendrán que realizar los ayuntamientos y administraciones públicas en favor de la Agencia Tributaria. En definitiva, el Gran Hermano te vigila, te controla y te multa.

En cambio, sería deseable una reforma inteligente del AIRE por razones obvias: las incertidumbres y la confusión que las reglas y procedimientos aleatorios crean para nuestros compatriotas cuando viajan al extranjero y no saben ni están adecuadamente informados sobre la obligación de registrarse, la pérdida de derecho a la asistencia sanitaria por parte del Estado italiano, las normas injustas y penalizadoras relativas a los impuestos sobre la propiedad (ver Imu y Tari), las fuertes sanciones ahora introducidas que afectarán a los ciudadanos que desconocen las nuevas obligaciones, el desorden en cuanto a las funciones y responsabilidades de la gestión del Registro y, “por último pero no menos importante”, de ahora en adelante el papel de los municipios y las administraciones públicas a la hora de proporcionar “pertinente ” Información a la Agencia de Ingresos.

En definitiva, sería conveniente frenar medidas improvisadas y desorganizadas como las introducidas en esta ley financiera por este Gobierno en favor de una reforma orgánica de un registro de los italianos en el mundo que tenga en cuenta las verdaderas necesidades de nuestros compatriotas y del ejercicio concreto para ello de muchos derechos previstos en nuestra Constitución.

Fonte: Oficina Prensa Hon. Fabio Porta