Roma, 13 de octubre de 2017 – Oficina de prensa del Hon. Fabio Porta

En una carta enviada al Ministro de Trabajo Giuliano Poletti, el Hon. Fabio Porta le pide al Gobierno un compromiso firme para completar y mejorar el sistema de protección socioprevisional en América Latina, donde residen cientos de miles de compatriotas, trabajadores, jubilados y sus familias. El Presidente de la Comisión para los Italianos en el Mundo de la Cámara de Diputados reconoce que el Gobierno italiano y sus instituciones han demostrado en estos últimos años, con iniciativas y actividades concretas, interés y atención a las reivindicaciones de nuestras colectividades en materia de seguridad social, aunque al mismo tiempo, estigmatiza los retrasos y los incumplimientos que deben corregirse. Aquí hay algunos pasajes de la carta: “Hace tiempo que, con mi actividad parlamentaria y política, denuncio la paralización de las negociaciones para la firma y la renovación de los convenios de seguridad social: instrumento jurídico internacional imprescindible para garantizar la tutela previsional (a menudo sanitaria) de los ciudadanos de los países contrayentes y de sus familias que se trasladan o se han trasladado de un país al otro. No se trata de instaurar privilegios, sino simplemente de garantizar los derechos sociales básicos. Son cuatro los países de América del Sur en donde están en vigor los convenios: Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. Los tres primeros son convenios obsoletos que ya no garantizan una tutela justa; el de Venezuela ha sido sistemáticamente descuidado por el Gobierno venezolano que desde hace años no paga las jubilaciones en el extranjero. Es incomprensible, sin embargo, la decisión de los Gobiernos italianos que se han sucedido desde 1998 (año de la firma del Convenio) de no ratificar el convenio con Chile, que ya ha sido aprobado por el Parlamento chileno; miles de ciudadanos italianos en Chile y chilenos en Italia se sienten olvidados y engañados por un Estado (italiano) que no respeta los compromisos internacionales asumidos. También les aseguro que las demandas de nuestros conciudadanos en Perú, Ecuador y México son apremiantes, y no es solo que nos pidan completar el marco de tutela socioprevisional en América Latina, sino además estipular también con sus países de residencia un acuerdo de seguridad social. Otra cuestión importante que deseo llevar a su conocimiento es la del pago en América Latina de miles de jubilaciones de un importe irrisorio. La ley n. 335/95 introdujo, hace más de veinte años, la norma del valor mínimo sobre las jubilaciones en convenio: por cada año de contribución pagada en Italia se garantizaba el derecho a un valor mínimo equivalente a 1/40 del tratamiento mínimo (actualmente alrededor de los 13 euros). Se trata de una miseria; presenté entonces una propuesta de ley -que lamentablemente no ha sido nunca discutida- para elevar tal valor a 1/20 del tratamiento mínimo, garantizando de tal manera a los titulares de jubilaciones en convenio un valor mínimo de alrededor de 25 euros al mes por cada año de contribución pagada en Italia. Un valor más justo y no penalizante para las cajas del Estado italiano. Otra cuestión no resuelta es la de los valores de la llamada 14ma, o suma complementaria en “una parcela”. Si por un lado, gracias también a su Gobierno, logramos garantizar la exportabilidad al exterior en favor de los titulares de pensiones italianas autónomas y en convenio, no logramos entender por qué en el cálculo del importe correspondiente no son considerados por los INPS las contribuciones en el exterior, utilizadas para perfeccionar el derecho al pro-rata en el convenio. Otra cuestión importante y que no se ha sido resuelta es la de las jubilaciones indebidas: en una reciente audiencia en la Comisión para los Italianos en el Mundo de la Cámara de Diputados, que tengo el honor de presidir, el Presidente del INPS, Tito Boeri, subrayó que son 100.000 las prestaciones indebidas relativas a los residentes en el exterior, titulares de jubilación en régimen de convenio, de las cuales 60.000 están en vías de recuperación por un importe total de 270 millones de euros a ser recuperados. Se trata de valores al mismo tiempo sorprendentes y escandalosos. Sorprendentes porque sobre cerca de 380.000 jubilaciones pagadas en el extranjero resulta que más de un cuarto son indebidas, escandalosos porque sobre todo las deudas deben ser restituidas por jubilados de por si pobres y en segundo lugar porque el fenómeno, que debe ser esclarecido con fuerza, no depende de actos dolosos de nuestros compatriotas sino, obviamente, de las modalidades y plazos de control por parte del INPS sobre el derecho de erogación de los beneficios vinculados al ingreso. Por lo tanto, le pido que su Ministerio considere útil y oportuno evaluar la posibilidad de introducir en la próxima Ley Presupuestaria una amnistía de las deudas de jubilación, al menos para los jubilados italianos residentes en el exterior que sean titulares de un ingreso total inferior a los valores de la franja de exención del IRPEF italiano.  Por último, me gustaría expresar mi preocupación acerca de algunas de las posiciones adoptadas por nuestro “Instituto de Previsión” en relación a la exportabilidad de los beneficios de jubilaciones “no contributivas” en el exterior (hablamos sobre todo del Tratamiento Mínimo, Beneficios Sociales y 14ma).

Si bien, por un lado, el principio que se ha adoptado en Europa identifica en el país de residencia que la responsabilidad de la prestación de estos servicios puede ser compartida, la situación socioeconómica actual de nuestras comunidades en países no pertenecientes a la UE (y especialmente en América Latina ) debe llevarnos a ser muy cautelosos al proponer una posible eliminación o retirada de las prestaciones asistenciales en esos países, porque una decisión del género, además de ser irreflexiva e imprudente, generaría, en esa coyuntura, una insatisfacción general en decenas de miles de nuestros trabajadores y jubilados con consecuencias sociales y políticas… “. El Hon. Porta concluye su carta pidiendo al Gobierno que contribuya a pensar y mejorar el sistema de seguridad social que queremos garantizar a nuestros emigrantes y trabajadores jubilados y continuar posteriomente con un renovado interes a partir de las demandas de los nuevos y viejos movimientos migratorios (casi 6 millones de italianos que enriquecen al mundo) para garantizar una tutela socioprevisional más moderna, más justa y más amplia.