Con la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Presupuesto para 2025 (pasada al Senado para la votación final prevista en las próximas horas), todas las medidas punitivas contra el mundo de la emigración y la inmigración fueron confirmadas por el Gobierno Meloni, medidas que han intentado en vano anular con nuestras enmiendas.
De manera injusta e irresponsable, este gobierno de derecha (queda muy poco de centro) ha atacado especialmente a nuestros compatriotas residentes en el extranjero reduciendo sus pensiones, eliminando las prestaciones por desempleo a los que regresan y finalmente aumentando los gastos de los trámites para quienes legítimamente quieren solicitar la ciudadanía italiana (por otra parte, las pensiones mínimas, incluso para los residentes en el extranjero, se han incrementado en un euro con ochenta céntimos al mes, una limosna vergonzosa).
Veamos en detalle las medidas que, por una lógica de ahorro imprudente, han dañado gravemente los derechos de nuestros emigrantes e inmigrantes.
La disposición más grave es la de suspender para 2025 (pero obviamente con consecuencias permanentes) la equiparación automática (el ajuste de los importes de las pensiones al aumento del coste de la vida) de las asignaciones superiores al mínimo pagado por el INPS a los residentes en el extranjero.
El Estado italiano ahorrará alrededor de 9 millones de euros al año en las ya míseras pensiones de decenas de miles de ciudadanos italianos que residen en el extranjero. Se trata de una medida de evidente incumplimiento de las garantías previstas para los trabajadores y pensionados por nuestra Constitución (principio de adecuación de los tratamientos de seguridad social) y sobre todo de los principios consagrados en la normativa comunitaria y en casi todos los Convenios bilaterales de seguridad social que establecen la prohibición de discriminación contra los trabajadores migrantes en relación con las prestaciones de seguridad social (que no pueden reducirse o modificarse únicamente porque el beneficiario reside en el territorio de un Estado distinto de aquel en el que está ubicada la institución deudora).
Otra medida penalizadora es la eliminación de la prestación por desempleo anteriormente prevista para los emigrantes que se repatrían.
De hecho, la nueva norma establece que las disposiciones establecidas por la ley núm. 402 de 1975 – que reconocen el tratamiento ordinario de desempleo (incluidos los subsidios familiares y la asistencia sanitaria para ellos y sus familiares a cargo) por un período de 180 días a los trabajadores italianos repatriados, así como a los trabajadores transfronterizos, en caso de desempleo resultante de despido o no renovación del contrato de trabajo de temporada por parte del empleador en el extranjero: no se aplica a las terminaciones de la relación laboral que se produzcan a partir del 1 de enero 2025.
Por lo tanto, el Gobierno prácticamente ha cancelado la única medida de apoyo económico prevista por la legislación italiana en favor de los emigrantes que se repatrían y se encuentran en una situación de necesidad económica y de empleo (de hecho, cabe señalar que ni el subsidio de inclusión ni el apoyo para la formación y el trabajo – las nuevas herramientas post Renta de Ciudadanía – son accesibles a los italianos que regresan, ya que no tienen el requisito de residencia exigido por la ley, es decir, dos años de residencia continua en Italia en el período inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud).
Otras medidas penalizadoras para los descendientes de nuestros compatriotas son las que contienen disposiciones relativas a la recaudación de contribuciones para el reconocimiento de la ciudadanía y para los certificados o extractos del estado civil.
Por ejemplo, se incrementa la tasa que se debe cobrar por la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la ciudadanía italiana de una persona mayor de edad (de 300 € a 600 €) presentada ante las autoridades diplomáticas en el extranjero; la ley también introduce una contribución de hasta 300 euros para las solicitudes de certificados o extractos del estado civil y los municipios también podrán solicitar una contribución de hasta 600 euros para las solicitudes de reconocimiento de la ciudadanía italiana sobre la base del ius sanguinis. Además, está previsto que el tributo debido por litigios relativos a la verificación de la ciudadanía italiana aumente a 600 euros y la norma según la cual, incluso si la solicitud se propone en el mismo procedimiento por varias partes conjuntamente, la contribución se debe a cada parte recurrente. En definitiva, una serie de medidas destinadas a desalentar las solicitudes de ciudadanía por parte de descendientes de italianos.
Pero la ley de presupuesto no eximió al mundo de la inmigración.
De hecho, se prevé la eliminación total de los descuentos del Irpef (deducciones familiares) para los trabajadores extranjeros extracomunitarios incluso si trabajan y por tanto pagan impuestos y contribuciones en Italia en el caso de que sus familiares residan en el extranjero y todo ello a pesar de que tanto el Tribunal de Justicia Europeo como nuestro Tribunal Constitucional han reafirmado repetidamente el derecho a beneficios fiscales también para los trabajadores extranjeros con una unidad familiar en el extranjero. Además, muchas mujeres extranjeras que emigraron a Italia quedarán excluidas del “bono por nuevo nacimiento”: de hecho, la ley financiera ha introducido una asignación única, equivalente a 1.000 euros, por cada hijo nacido o adoptado a partir del 1 de enero de 2025, del cual quedan excluidas las mujeres que son refugiadas políticas o tienen un permiso de protección internacional. Finalmente, se confirma la exclusión de los trabajadores (casi todos extranjeros) con contratos de duración determinada y relaciones de trabajo domésticas de la reducción del tipo de cotización que deben pagar las madres trabajadoras con al menos dos hijos. Precisamente sobre este punto los tribunales han planteado una cuestión de constitucionalidad, al considerar que esta exclusión podría constituir una discriminación indirecta contra los extranjeros que tienen una presencia estadísticamente más significativa en estos dos grupos de trabajadores.
Como resulta evidente, y como ya he afrentado en varias ocasiones, esta ley presupuestaria tan punitiva y opresiva demuestra la indiferencia y el desprecio hacia el mundo de la emigración por parte de este gobierno de derecha con el que, sin embargo, seguiremos combatiendo con determinación en la continuación del trabajo legislativo para proteger siempre los derechos de los italianos en el extranjero, que como Partido Democrático siempre hemos considerado patrimonio histórico, cultural y humano de Italia.
Fonte: Oficina Prensa Hon. Fabio Porta