Con la Ley de Presupuesto para 2025 se introdujo una norma (artículo 106) que, al aumentar los costes de los procedimientos judiciales por litigios relacionados con la verificación de la ciudadanía italiana, pretende desalentar las solicitudes de adquisición de la ciudadanía. En particular, la disposición introduce una nueva norma en virtud de la cual se espera que la contribución debida en caso de litigios relacionados con la verificación de la ciudadanía italiana aumente de 518 a 600 euros. Pero, además y sobre todo, se establece la novedad según la cual, aunque la solicitud sea propuesta en un mismo procedimiento por varias partes de forma conjunta, la aportación corresponde a cada parte recurrente (multiplicándose así los costes), mientras que según la legislación actual la cuantia del importe (518 euros) no sufre variaciones por el número de solicitantes.
En la práctica – como observan muchos juristas de inmigración y ciudadanía – todos los descendientes de emigrantes italianos vinculados, que hoy actúan juntos ante los tribunales y pagan una contribución única de 518 euros, en cambio, pagarán 600 cada uno, una suma que también puede ser muy elevada (a menudo los casos afectan a 4 o 5 miembros de la misma familia): esto hará a menudo imposible para muchas familias la tutela judicial del derecho.
Por tanto, es evidente que esta disposición tiende a penalizar el derecho y la voluntad de muchos de nuestros compatriotas de obtener la ciudadanía italiana iure sanguinis.
Muchos denuncian, más que el aumento de la aportación unificada, la irracionalidad de la aportación múltiple para una misma posición procesal considerando que en casi todos los procesos civiles iniciados simultánea y conjuntamente por varias personas, la norma es la de la aportación única y unificada para toda la duración del proceso. Está claro que esta modificación de la ley sobre costas judiciales discrimina efectivamente a los solicitantes menos ricos o a los que provienen de países económicamente más débiles, como los descendientes de italianos en América Latina.
Esta disposición, como la que bloquea la compensación automática para decenas de miles de pensionados italianos residentes en el extranjero, también presenta perfiles de inconstitucionalidad y de trato desigual en relación con numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de nuestro Tribunal de Casación y de la Tribunal Constitucional.
Por último, considerando que el informe técnico adjunto a la Ley de Presupuesto destaca que la provisión probablemente generará ingresos para las arcas tributarias que, como son difíciles de cuantificar, no se atribuyó prudencialmente a los equilibrios de las finanzas públicas, no es arriesgado suponer que el verdadero objetivo de la disposición no es de naturaleza económica sino política: es decir, desalentar las solicitudes de adquisición de la ciudadanía italiana. Un objetivo que, en todo caso, debería perseguirse no eliminando -desalentando- un derecho, sino interviniendo con una ley orgánica que realce los vínculos históricos, culturales y lingüísticos de los descendientes del mundo de nuestra diáspora.
Fonte: Oficina de Prensa Hno. Fabio Porta