Convencido de que los italianos en el extranjero que poseen propiedades en Italia no tienen que pagar impuestos por los residuos que no producen (o que producen de forma insignificante), presenté un proyecto de ley que prevé la reducción del TARI (impuesto sobre residuos) en dos tercios para aquellos que han estado inscritos en el Aire (Registro de Italianos Residentes en el Extranjero) durante al menos tres años.

El proyecto de ley (co-firmado por mis colegas Carè, Di Sanzo y Ricciardi) por lo tanto, reconociendo que los ciudadanos italianos residentes en el extranjero que poseen viviendas en Italia que no están alquiladas o dadas en préstamo para uso y están registradas en AIRE, no producen residuos o en la mayoría los produce de manera irrelevante durante sus cortas estancias en Italia, quiere traducir en ley los principios de equidad y justicia en relación con el pago de TARI afirmado por las numerosas sentencias de los distintos tribunales y por ello pretende introducir una reducción justa y razonable en el pago de la TARI para estos sujetos.

La legislación vigente para las personas residentes en el extranjero que poseen bienes inmuebles en Italia actualmente la ley prevé el pago del impuesto municipal TARI en una cantidad reducida en dos tercios si estas personas son jubiladas en un régimen de acuerdo internacional con Italia.

Quedan excluidos de esta concesión todos los demás sujetos residentes en el extranjero que posean inmuebles en Italia, es decir, la mayoría, debiendo, por tanto, pagar las tarifas ordinarias a menos que el municipio donde se encuentre el inmueble – en virtud de la legislación que rige la TARI – no prevé reducciones o exenciones arancelarias para las viviendas ocupadas por personas físicas que residan o tengan su morada, por más de seis meses al año, en el extranjero.

Se trata de un pesado e injustificado gravamen considerado por nuestros compatriotas como un injusto acoso fiscal contra quienes, con tantos sacrificios, han logrado no obstante mantener un fuerte vínculo con su patria después de haber emigrado.

Como también para el IMU, y antes para el Tasi, este impuesto, debido a su parcialidad, ha agudizado, en lugar de limitar, el sentimiento de iniquidad que sienten los italianos en el extranjero. De hecho, se sabe que las casas propiedad en Italia de italianos que residen en el extranjero generan una importante economía inducida y en muchos municipios pequeños ayudan a contrarrestar los fenómenos generalizados de degradación arquitectónica y abandono de edificios. Como es sabido, numerosas comisiones tributarias autonómicas y también el Consejo de Estado han afirmado reiteradamente que las normas municipales que no respeten el principio de proporcionalidad son ilegítimas porque el impuesto no puede gravar de forma excesiva e irracional a quien produce menos residuos. Por lo tanto, creo que es correcto y apropiado que el Estado italiano finalmente intervenga con un acto legislativo (a través de mi proyecto de ley) que comprometa y obligue a los municipios a reducir en dos tercios el impuesto TARI sobre residuos en la actualidad impuesto a los ciudadanos italianos residentes en el extranjero que poseen bienes inmuebles en Italia.