¿La lucha contra la pobreza en Italia pasará a través de la racionalización (reducción) de las prestaciones sociales y de seguridad social pagadas por el INPS a los pensionados residentes en el extranjero? Esto es lo que hemos leído en el borrador de proyecto de ley, aprobado definitivamente en los últimos días por el Consejo de Ministros y que establece las normas para un plan nacional de lucha contra la pobreza, para la reorganización del sistema de asistencia social, para las previsionales y para los fondos y los servicios sociales.
En la declaración del Consejo de Ministros se puede ver que en lo específico la medida confirma la intención del Gobierno de aplicar un plan nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión social a través de una serie de medidas que se pueden resumir como: proyectos personalizados para la inclusión social y del trabajo sustentados por la oferta de servicios a la persona; racionalización de las prestaciones de naturaleza asistencial y previsional- incluyendo al parecer las ayudas destinadas a los beneficiarios residentes en el exterior (para tener una idea más clara de las intenciones del Gobierno se necesita acceder a la versión final del proyecto de ley cuando llegue a la Cámara) – sujetos a la prueba de los medios y de acuerdo con los criterios de evaluación de la situación económica en base a la ISEE; la reorganización de la normativa en materia de ayuda y servicios sociales, con el fin de superar la fragmentación de las medidas y de las acciones de equidad y eficacia al acceso y las erogaciones de las prestaciones.
Como parte de estas medidas se prevé la creación de entes y organismos para la coordinación, supervisión y control de las medidas.
Ahora bien, no es nuestra intención evaluar si este plan es realmente suficiente para satisfacer las necesidades de las familias y de las personas en situación de pobreza absoluta.
Sin embargo, lo que nos preocupa es que parte de los fondos para el Plan puedan provenir del sistema de bienestar socio-previsional para los italianos en el exterior, ya ampliamente reducido en los últimos 20 años. Es obvio que no queremos dar la alarma de “viene el lobo, el lobo”, antes que el lobo aparezca y antes de leer y entender el contenido de los decretos que serán firmados en los próximos meses, sin embargo, hay que recordar las palabras del presidente del INPS Tito Boeri durante la presentación del informe “world wide INPS”, en septiembre pasado, cuando puso “bajo acusación” a nuestros compatriotas emigrados definiendo como extraño y paradójico que el INPS continuara pagando anualmente 200 millones de euros para las prestaciones asistenciales a los pensionados que viven en otros países y que quizá ya tengan asistencia básica, mientras que en Italia no hay recursos para luchar contra la pobreza. “Italia – subrayó Tito Boeri – es uno de los pocos países en reconocer la portabilidad fuera de la UE de la parte no contributiva las pensiones. De esta manera pagamos la integración y cargas sociales – dijo Boeri – a personas que viven y pagan impuestos en otro lugar, reduciendo el costo de la asistencia social en esos países. Mientras que en Italia no tenemos una red de asistencia social. Es paradójico – concluyó -”.
Por lo tanto, el escenario para un ataque frontal a las pensiones del INPS pagadas en el exterior existen: el terreno ha sido preparado. Y teniendo en cuenta el hecho de que ya desde 1992 Italia no permite la exportabilidad y la concesión de beneficios sociales para los pensionados que residen en la Unión Europea, no nos sorprendería que en los próximos meses se intente introducir dicha inexportabilidad incluso en países fuera de la UE.
A los menos aficionados al trabajo y a los que saben poco acerca de las precarias condiciones de vida de algunas realidades de nuestra emigración, especialmente en América Latina, la idea de sancionar la inexportabilidad de las prestaciones italianas “no contributivas” (pensión mínima, prestaciones sociales, y en algunos casos, las asignaciones familiares) podría parecer correcta, justa y actual. En realidad, esta iniciativa tendría consecuencias dramáticas para decenas de miles de compatriotas pensionados que se verían de esta manera privados de un medio vital de apoyo (aunque dichas prestaciones fueran congeladas inicialmente a aquellos que ya son titulares y se hicieran inexportables sólo en el futuro).
Para verificar las intenciones reales del gobierno y conocer mejor los contenidos y la forma de aplicación, debemos esperar la presentación de los decretos de aplicación del DDL de delegación sobre pobreza.
A la espera de estos decretos expresamos nuestra convicción de que la lucha contra la pobreza no se combate sacando recursos a otros pobres, incluso si viven en el exterior, sino sacando los privilegios y reduciendo beneficios actualmente reservados a muchas corporaciones y clases altas.