Roma, 20 de abril de 2016 -. Oficina de Prensa Hon. Fabio Porta
El Presidente de la Comisión para los italianos en el mundo observa con atención el debate en curso sobre la reforma de las pensiones y garantiza su compromiso con los derechos de seguridad social de nuestras comunidades residentes en el exterior
En los próximos meses vamos a tener una idea más clara de la reforma de las pensiones que el Gobierno italiano está estudiando para adelantar la edad de jubilación y generar de este modo puestos de trabajo para los jóvenes. La reforma, si se pone en marcha, incidirá probablemente sobre las pensiones en convenio internacional que en el futuro se pagarán a nuestros emigrantes. El Gobierno está buscando, también por las fuertes presiones del INPS de Tito Boeri, hacer posible la jubilación antes de los actuales 66 años y siete meses (obviamente estamos hablando de las jubilaciones, ya que para las pensiones por vejez difícilmente se tocará la antigüedad contributiva). La idea es revisar algunos de los criterios de la ley Fornero y adelantar algunos años la edad jubilatoria, pero previendo una penalidad, una cantidad más baja – aumentando gradualmente en función de los años de antelación. Es un camino que algunos analistas creen difícilmente accesible debido a los altos costos, las normas contables nacionales y las limitaciones de los acuerdos europeos sobre el déficit que se produciría en los primeros años de ejecución (a largo plazo los futuros ahorros compensarían los costos inmediatos). El anticipo eventual de la edad jubilatoria debería extenderse automáticamente a las pensiones en régimen internacional en virtud de la normativa vigente y de la práctica generalmente adoptada en estos casos. Otra hipótesis en lugar de la reforma en discusión que, lamentablemente, sería de difícil si no imposible aplicabilidad a las pensiones en convenio, es la del préstamo bancario. Se está pensando de hecho en permitir que un trabajador al cual le faltan pocos años para jubilarse, hacerlo anticipadamente con una penalización que podría llegar incluso a tres o cuatro por ciento por cada año de anticipación y con un estipendio mensual que se pagaría por un banco como si se tratara de un préstamo, con el INPS como garante. Al llegar a la edad jubilatoria el estipendio sería pagado por INPS y el jubilado comenzaría a pagar el préstamo en cuotas a los bancos. Este mecanismo no tendría ningún impacto sobre las finanzas públicas, pero, en nuestra opinión, sería prácticamente inaplicable a los jubilados residentes en el exterior. Otra posibilidad sería la de extender a los hombres la regla de la opción ” mujer ‘, introducida recientemente, que prevé retirarse con al menos 57 años de edad y 35 años de contribuciones, pero con el monto de la jubilación calculado exclusivamente por el método contributivo y por lo tanto más bajo (el último caso también podría extenderse a las jubilaciones en convenio). Por último, no hay todavía ninguna información definida sobre la norma, reafirmada por el Documento Económico y Financiero presentado recientemente a la Cámara, que prevé la racionalización de las prestaciones asistenciales y previsionales relacionadas con los ingresos, con el riesgo real (varias veces anunciado) de la eliminación de los beneficios erogados en el exterior como la integración a un mínimo, las asignaciones familiares y sociales. Hemos denunciado en varias ocasiones el peligro y la estigmatización de que tal operación penalizaría precisamente aquellas categorías de jubilados y pensionados menos acomodados que viven principalmente en América Latina. Será, sin embargo, mi interés prioritario supervisar las acciones del Gobierno en estos temas e instar a todas las sedes a tratar mi propuesta de ley que prevé elevar el mínimo de las pensiones en convenio (12 a 25 euros por cada año de aporte hecho valer en Italia) para restituir la dignidad y la justicia al trabajo y sacrificios de tantos de nuestros compatriotas.